La flota clandestina que transporta petróleo ruso ha crecido significativamente y, para finales de 2024, representaba aproximadamente el 17 % de la flota mundial de petroleros. La trayectoria de este fenómeno sigue siendo imprevisible, impulsada por su rápida expansión y la volatilidad del panorama geopolítico y económico.
Esta situación creciente es motivo de preocupación para los transportistas marítimos legítimos, ya que el número de buques de la flota clandestina —que transportan principalmente petróleo y productos petrolíferos de Irán, Venezuela y rusia— no deja de aumentar en todo el mundo. Estos buques se utilizan para eludir las sanciones occidentales mediante empresas ficticias y peligrosas operaciones encubiertas de transbordo de petróleo. Casi el 70 % de las exportaciones rusas de petróleo se transportan actualmente mediante estos buques, y esta cifra ha aumentado significativamente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.
En la actualidad, hay más de mil buques clandestinos operando para rusia. Esta flota se compone principalmente de petroleros obsoletos y en malas condiciones, la mayoría de ellos sin un seguro adecuado proporcionado por las principales compañías mundiales. La mayoría son propiedad de empresas con ventajas fiscales y derechos de propiedad opacos. Por lo tanto, en caso de accidente, sigue sin estar claro quién asumirá la responsabilidad.
La seguridad se ve comprometida debido a la escasa regulación de las actividades de esta flota. Es práctica habitual que los petroleros clandestinos desactiven sus transpondedores (sistemas de posicionamiento de buques), lo que constituye una violación de la normativa de la Organización Marítima Internacional (OMI) y supone un peligro para otros buques. La falta de información sobre el seguimiento de los buques pone en peligro la integridad del sistema mundial de seguridad marítima.
Además, los recientes incidentes en el mar Báltico indican que la flota clandestina rusa no solo se utiliza para transportar petróleo, sino que también está implicada en la destrucción de infraestructuras europeas de energía y comunicaciones. El ejemplo más reciente es la interceptación y detención del petrolero Eagle S por las Fuerzas Especiales finlandesas. Este incidente indica claramente que rusia y sus socios pretenden utilizar la flota clandestina para cometer sabotajes.
El 6 de diciembre de 2023, la OMI adoptó una importante resolución destinada a abordar los problemas asociados a la flota clandestina. El documento respondía a las preocupaciones sobre el transporte marítimo ilegal, que conlleva la elusión de sanciones y la realización de operaciones peligrosas. En él se insta a los Estados miembros de la OMI a prohibir el registro de buques fraudulentos y a reforzar las inspecciones de los petroleros en los puertos. Sin embargo, esta medida no se está aplicando en la práctica.
Los principales operadores marítimos y empresas de gestión naviera predicen que la falta de control de la situación por parte de la OMI y el crecimiento descontrolado de los buques de las flotas clandestinas provocarán graves accidentes por vertidos de petróleo con consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Además de los daños medioambientales, las empresas certificadas y que operan legalmente también sufrirán debido al cierre de las zonas contaminadas a la navegación.
Además de los problemas de la OMI, cabe destacar la falta de atención que a esta cuestión le prestan los Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia. Esto beneficia a los empresarios deshonestos y permite a regímenes autoritarios como los de Irán, Venezuela y rusia eludir las sanciones internacionales y obtener grandes beneficios.
Las sanciones internacionales impuestas a buques individuales de la flota clandestina y las medidas reguladoras son ineficaces. Es vital reforzar las sanciones contra los Estados y las entidades que violan el derecho internacional y contrarrestar las tramas fraudulentas; para ello, es necesario que los esfuerzos internacionales sean colectivos, coherentes y persistentes.
Además, la UE y el Reino Unido deben endurecer las normas sobre el uso de petroleros obsoletos para impedir que estos sean utilizados en la flota clandestina. Asimismo, debe aplicarse de forma efectiva la prohibición de que buques sospechosos entren en los puertos.
Los expertos en derecho marítimo y sanciones llevan tiempo destacando la capacidad de Dinamarca para controlar totalmente el paso de buques por los estrechos entre los mares del Norte y Báltico. Del mismo modo, las autoridades marítimas británicas y francesas podrían controlar el Canal de la Mancha. Las agencias de seguridad marítima y los organismos especializados de los Estados europeos con mayor actividad portuaria tienen poderes suficientes para inspeccionar buques sospechosos, detenerlos y arrestar a sus tripulantes.
Además, las tecnologías modernas permiten una vigilancia cualificada de la zona marítima mediante vehículos aéreos no tripulados especializados y vigilancia por satélite para identificar las actividades de la flota clandestina y registrar las transferencias ilegales de buque a buque. Es muy importante que la Operación Nordic Warden, lanzada por Gran Bretaña, sea efectiva y sirva de ejemplo a otros estados marítimos europeos.
Sería totalmente razonable que la OMI pusiera en marcha medidas adicionales de seguridad marítima para garantizar que los propietarios, operadores y tripulaciones ocultos de los buques con pabellón de los países «convenientes» sean plenamente conscientes de que las infracciones no quedarán impunes. La organización podría ser eficaz a la hora de reforzar la normativa para la inspección de los buques que realizan transbordos de buque a buque, especialmente si esto ocurre fuera de las zonas económicas exclusivas y sin observar los procedimientos de notificación establecidos.
La creciente sofisticación y el aumento del tamaño de la flota clandestina plantean retos constantes que requieren esfuerzos internacionales coordinados. La OMI no puede lograr este avance por sí sola. Desgraciadamente, carece de la capacidad para hacer cumplir directamente una normativa que ya de por sí no abarca toda la gama de métodos fraudulentos utilizados por las flotas clandestinas.
En este contexto, es muy de esperar que los participantes en la «Flota clandestina: una llamada a la acción» (18 de julio de 2024) se adhieran realmente a los principios y compromisos que han firmado. Es crucial que la declaración no corra la misma suerte que el Memorándum de Budapest y otros acuerdos internacionales.
Fuente: https://cyprus-daily.news/shadow-fleet-the-gap-between-decisions-and-implementation
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